Aquí le envío los supuestos prácticos del segundo examen para creación de una bolsa de Técnico de Gestión Administrativa de la Diputación de Badajoz, para aportar algo ya que esta página me ha sido de gran ayuda en la preparación, por lo que quería agradecer la labor que realiza y animarle a seguir con ello. Un saludo.

SUPUESTO Nº 1

El Ayuntamiento de Barcarrota publica el día 29 de junio de 2014 las calificaciones del segundo exámen y las calificaciones finales de un proceso de selección (oposición) de Administrativo y se incluye la propuesta de nombramiento de la Sra. Dª Mercedes González para cubrir la única plaza ofertada.

El Sr. Sánchez, que participó en la oposición, presenta el día 31 de julio en el Registro del Ayuntamiento un escrito dirigido al Presidente del Tribunal, formulando  recurso de reposición basado en que la calificación otorgada a su examen, en la segunda prueba, es errónea. Solicita la anulación  de dicho examen, de toda la oposición y, en consecuencia, de la propuesta de nombramiento.

La Sra. Juana Pérez, también participante en la oposición, había obtenido la misma puntuación final que la Sra. González, que obtuvo la plaza. El Tribunal decide resolver el empate otorgando la plaza a Dª Mercedes González, argumentando que el Ayuntamiento dispone en su plantilla únicamente de tres plazas de Administrativos y Dª Juana Pérez podría tener más ausencias a  su puesto de trabajo ya que, en razón a su edad, podría quedarse embarazada, con lo que se vería gravemente afectada la prestación de los servicios municipales.

1º.- ¿Es correcto el tipo de reclamación del Sr. Sánchez?

2º.-¿Se presenta en plazu su reclamación?

3º.-¿Es correcta la causa del recurso del Sr. Sánchez?

4º.-¿Puede Dª Juana Pérez impugnar el acto? Razone la respuesta.

SUPUESTO Nº 2

La Diputación de XXX ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia las Bases de la Convocatoria para conceder subvenciones para la realización de actividades deportivas durante el año 2014.

Doña AAA, vecina de Villar del Cerro, desea participar en la mencionada convocatoria. El último día del plazo establecido para la presentación de las solicitudes es el sábado 22 de febrero. El Registro General del Ayuntamiento de VIllar del Cerro no permanece abierto los sábados, por lo que ese día, Doña AAA, al ver que finalizaba el plazo, se desplazó a la localidad cercana de Morata para prseentar su solicitud en el Registro General de la mencionada localidad, que sí funicona los sábados de 10 a 14 horas, y así asegurarse que quedaba presentada en plazo.

Pasados 3 meses, la Diputación de XXX publica en el BOP la Resolución de la Convocatoria de subvenciones para la realización de actividades deportivas durante 2014, firmada por el Diputado Delegado de Deportes, por delegación del Presidente de la Diputación. Doña AAA non aparece incluida en la mencionada Resolución, por lo que pretende impugnar la misma.

El Ayuntamiento de VIllar del Cerro detecta que el funcionario Don BBB con jornada a tiempo completo (Asesor Jurídico) se encuentra ejerciendo como abogado en un gabinete jurídico en el que desarrolla actividades de asesoramiento en materia urbanística en la localidad, ejerciendo esta actividad indistintamente en jornada de mañana y tarde, durante periodos habituales de 5 horas diarias de lunes a sábado. Dado que Don BBB ejerce dicha actividad sin haber solicitado previamente la autorización de compatibilidad, el Ayuntamiento resuelve promover la incoación de expediente disciplinario imputando al funcionario la comisión de una falta grave.

1º.-Exponga razonadamente si es correcta la presentación de la solicitud de Doña AAA en el Registro General del Ayuntamiento de Morata.

2º.-Exponga razonadamente qué acciones, ante quién y en qué plazos, puede iniciar Diña AAA para impugnar la resolución de la convocatoria publicada.

3º.-¿Constituye la conducta del funcionario Don BBB infracción de sus obligaciones y del ordenamiento jurídico?

4º.-¿Merece la conducta del funcionario Don BBB la calificación de falta grave? ¿Qué sanciones podrían ser impuestas?

1º.-Exponga razonadamente si es correcta la presentación de la solicitud de Doña AAA en el Registro General del Ayuntamiento de Morata.
El régimen jurídico en el que se asienta el asunto planteado en esta pregunta nos lo proporciona el art. 38 de la Ley 30/1992, precepto en cuya letra b)  se dispone:
b)  En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del resto de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.
 - La  Letra b) del número 4 del artículo 38 redactada por el número uno del artículo 27 del R.D.-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa («B.O.E.» 7 julio) y está vigente desde el 7 julio 2011 -.
El escrito se dirige a la Diputación y por tanto a estos efectos es irrelevante si se presenta en el Registro de Villar del Cerro o en el de Morata. Lo decisivo es si el segundo de estos municipios tiene suscrito el oportuno convenio con la Diputación suponiendo fundadamente que Morata no entra en el supuesto al que se refiere el art. 121 de la Ley de Régimen Local - municipio de gran población -.
Además habría que decir que el Ayuntamiento de Villar del Cerro incumple sus obligaciones puesto que el Registro debe funcionar SIEMPRE en días laborables.
2º.-Exponga razonadamente qué acciones, ante quién y en qué plazos, puede iniciar Diña AAA para impugnar la resolución de la convocatoria publicada.
En principio la ausencia del nombre de esta persona en la relación indicada puede deberse a dos causas: O a que no se ha recibido su solicitud en tiempo y forma quizá por los motivos derivados de los hechos - falta de convenio entre el municipio de Morata y la Diputación - o a que se rechaza su solicitud en aplicación de las bases de la convocatoria.
En orden a la primera de las causas ésta debe descartarse de plano desde el momento en que NO se indica que el Registro de Morata devolviera al actuante su solicitud argumentando su falta de competencia en el asunto. Por tanto la presunción de un funcionamiento conforme a derecho nos lleva a concluir que el escrito de esta persona si fue admitido debidamente y si fue remitido a la Diputación. Nos queda así la segunda causa.
En cuanto a la segunda causa doña AAA puede impugnar la resolución si hay alguna causa de nulidad del art. 62 o de anulabilidad que produzca indefensión (art. 63, ambos de la Ley 30/1992). A diferencia de lo que ocurre en el proceso judicial en el procedimiento administrativo no se admite la impugnación por gravamen o perjuicio - algo así como una segunda instancia administrativa -. Si como se dice no hay causas de nulidad o anulabilidad que produzcan indefensión NO hay nada que impugnar. Si las hubiere o se estima por la actuante que las hay puede interponer recurso de alzada ante el Pleno de la Diputación frente a la resolución adoptada por el Diputado Delegado de Deportes, por delegación del Presidente de la Diputación.
3º.-¿Constituye la conducta del funcionario Don BBB infracción de sus obligaciones y del ordenamiento jurídico?
Del relato de los hechos se sigue que este funcionario, el del Ayuntamiento de Villar del Cerro, se encuentra ejerciendo como abogado en un gabinete jurídico en el que desarrolla actividades de asesoramiento en materia urbanística en la localidad, ejerciendo esta actividad indistintamente en jornada de mañana y tarde, durante periodos habituales de 5 horas diarias de lunes a sábado.
Prima facie se percibe una situación incompatible por el claro conflicto de intereses que viene a ser ratificada por la lectura de la Ley 53/1984 sobre incompatibilidades, norma que le es de aplicación a éste y a cualquier empleado público conforme dispone el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007.
Por tanto si hay una infracción de las obligaciones conforme el ordenamiento jurídico.
4º.-¿Merece la conducta del funcionario Don BBB la calificación de falta grave? ¿Qué sanciones podrían ser impuestas?
La conducta no es grave. Es muy grave. Así el art. 95 2 n) del EBEP considera falta muy grave n) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad.

En ese caso, en el primer supuesto sí procedería recurso de alzada en lugar del de reposición. El Sr. Sánchez tendría que interponer recurso de alzada, ya que la resolución no ha puesto fin a la via administrativa y el recurso de alzada es obligatorio para resoluciones que no han agotado la vía administrativa, a diferencia del de reposición que como su nombre indica es potestativo.

El recurso potestativo de reposición se interpone ante actos administrativos que ponen fin a la vía administrativa. Según el art. 109 de la Ley 30/92, ponen fin a la vía administrativa:

a) Las resoluciones de los recursos de alzada.

b) Las resoluciones de los procedimientos de impugnación a que se refiere el artículo 107.2.

c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.

d) Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca.

e) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.

En este caso por tanto, la resolución no ha puesto fin a la vía administrativa, por lo que no es procedente interponer recurso de reposición.

Otra cosa es que como el recurso del Sr. Sánchez fue extemporáneo (porque se le pasó la fecha para interponerlo), el acto ya era firme en vía administrativa. Pero no es lo mismo firme que poner fin a la vía administrativa. Al no haber interpuesto recurso de alzada en el plazo procedente, no se ha agotado la vía administrativa, por lo que no se puede acudir al Contencioso. Tampoco se puede interponer recurso de reposición porque no se agotado la vía administrativa. Al final el acto es a todos los efectos firme y consentido. Sólo quedaría como último recurso, el recurso extraordinario de revisión, que sí puede interponerse ante actos firmes, pero sólo en los casos específicos que se detallan en el artículo 118 de la Ley 30/92, y en el supuesto no se da ninguno de ellos.

Esta es sólo mi opinión, no sé si de alguna forma y apoyándose en la normativa de otra manera se podría interponer recurso de reposición...

Un saludo!